En el marco de los eventos para conmemorar la toma de conciencia en torno a la obesidad por el reciente día mundial se realizó un foro en las instalaciones de la Academia Nacional de Medicina, dónde especialistas hablaron sobre la “Ley para la alimentación adecuada y sostenible”, misma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y cuyo objetivo es establecer los principios y bases para la promoción, protección, respeto y garantía en el ejercicio efectivo de este derecho.
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El doctor Juan Ángel Rivera Dommarco habló sobre el Consenso de Cuenca, nutrición pública sin conflicto de interés. Un documento integrado por 10 recomendaciones dirigidas a los gobiernos y dónde se les hace un llamado a impulsar y avanzar en la transformación de los sistemas alimentarios, responsables de la calidad, seguridad, accesibilidad, asequibilidad y sostenibilidad de las dietas de las niñas y niños, con la estrecha participación de los sistemas de salud, educación, medio ambiente, desarrollo social, servicios básicos y comunicación
La Ley para la alimentación adecuada y sostenible, aprobada ya por la Cámara de Diputados y Senadores, permitirá la creación del Sistema Nacional de alimentación, salud, medio ambiente y competitividad, así cómo la transformación del sistema alimentario saludable, sustentable y justo.
Las recomendaciones se basan en evidencia científica libre de conflicto de intereses, se enfocan en lograr la transformación del sistema alimentario, consideran el derecho a la salud de los niños y niñas e incluyen acciones para asegurar alimentos saludables en los entornos en los que se desenvuelven y así evitar que el acceso a alimentos no saludables, principalmente ultraprocesados, sea la norma en los entornos alimentarios, como sucede actualmente.
Por su parte el doctor Simón Barquera Cervera, en entrevista con SuMédico, señaló que esta Ley para la alimentación saludable "daría una estructura política que permitiría que el estado mexicano garantice el derecho de una alimentos saludable a su población”.
El doctor Ruy López Ridaura habló sobre lo importante de atender la obesidad y agradece los esfuerzos en su participación en el foro para concientizar sobre esta enfermedad.
Responsabilidad compartida en el tema de la obesidad
Juan Ángel Rivera Dommarco destacó en su ponencia que “las infancias están consumiendo productos ultraprocesados que dañan su salud, ¿quiénes son los responsables? La responsabilidad no es solo de los padres, es una responsabilidad colectiva del estado y la sociedad”
Por su parte el doctor Simón Barquera Cervera explicó el Plan Nacional para Detener la Obesidad 2030 y destacó cuatro ejes que son: aumentar la concientización, fortalecer la abogacía, mejorar las políticas y compartir experiencias.
Dentro de la propuesta de objetivos para el plan de aceleración del combate a la obesidad el doctor Barquera mencionó algunos puntos cómo lo son:
- Proteger y fortalecer las políticas públicas aprobadas y potenciar al máximo su impacto positivo en la población.
- Promover, garantizar y proteger la lactancia materna
- Aumentar el consumo de agua natural y evitar/reducir el consumo de bebidas industrializadas
- Reducir/evitar el consumo de productos ultraprocesados
- Mejorar la respuesta de los servicios de salud en el primer nivel de atención para la prevención, diagnóstico, y control de la obesidad
- Políticas para promover y fomentar soberanía alimentaria
En su participación el doctor el Raúl Carrillo Esper, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y que se encontraba en representación del presidente, el doctor Germán Fajardo Dolci, mencionó que “la modificación de los estilos de vida, han cambiado el panorama epidemiológico, aunque vivimos más, tenemos menos calidad, por el consumo de alimentos ultraprocesados”.
El doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez recordó que la experiencia de la pandemia por covid-19 dejó la experiencia de la importancia de la prevención y control de obesidad para evitar futuras pandemias.
Más de consenso y de la Ley
Las recomendaciones del consenso de la cuenca abordan diferentes áreas, en las que se pretende mejorar la alimentación, priorizar la educación alimentaria y nutricional, restringir la disponibilidad y acceso a alimentos y bebidas no saludables así como evitar la exposición a estrategias de publicidad y mercadeo, implementar regulaciones (impuestos, etiquetado de advertencia), mejorar los programas sociales en términos de alimentación y cumpliendo estándares nutricionales, garantizar el acceso a agua potable, invertir en infraestructura y equipo adecuado en comedores escolares y comunitarios, fortalecer el primer nivel de atención a la salud, establecer mecanismos de blindaje de conflicto de interés e invertir recursos en investigación, generación de datos y sistemas de información.
El consenso está respaldado por agencias internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organizaciones clave en la región como el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Nutrición y Tecnología de Chile, el Centro de Estudios Epidemiológicos en Salud y Nutrición de la Universidad de São Paulo en Brasil, El poder del Consumidor (México) y el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Brasil).
La iniciativa de Ley para una alimentación saludable ya fue aprobada en septiembre del 2023 el Senado y especialistas en el combate a la obesidad, esperan que hoy sea aprobada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
Algunos puntos de la Ley para la alimentación adecuada y sostenible
La “Ley para la alimentación adecuada y sostenible” entre algunos de sus puntos estipula lo siguiente:
Priorizar los derechos a la salud, al medio ambiente, al agua, así como el interés superior de la niñez, en las políticas relacionadas con la alimentación adecuada que diseñe el Estado mexicano.
En el documento se define la alimentación adecuada como el consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, que satisface las necesidades fisiológicas de una persona en cada etapa de su ciclo vital, acorde a su contexto cultural y para posibilitar su desarrollo integral y una vida digna.
La Ley pretende fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país; establecer las bases para la participación social en las acciones encaminadas a lograr el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada, y promover la generación de entornos alimentarios sostenibles, que propicien el consumo informado de alimentos saludables y nutritivos.
En la propuesta de la Ley, se estipula que los tres órdenes de gobierno desarrollarán políticas integrales para garantizar una alimentación adecuada de la niñez, de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con atención prioritaria en zonas de alta y muy alta marginación.
Además, se pretende que niñas, niños y adolescentes, que cursan la educación básica, tengan derecho a recibir alimentación adecuada en los establecimientos escolares, de forma gratuita o a precios asequibles para sus familias.
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