En México se documentó una epidemia de obesidad de proporciones alarmantes desde el principio del milenio, cuando esta condición se duplicó respecto a cifras reportadas a finales de los ochentas. Desde ese entonces se han hecho llamados a la acción inmediata y sin embargo actualmente 36.9% de los adultos en el país padecen esta enfermedad. Durante la pandemia por covid 19, vimos con preocupación como el ser uno de los países con mayor porcentaje de personas viviendo con obesidad, afectó de forma desproporcionada nuestra capacidad de sobreponernos al nuevo virus.
Hoy en día, existe evidencia científica contundente que señala justamente que una de las mejores formas de estar preparados para futuras pandemias, será logrando reducir la prevalencia de obesidad. Además del profundo impacto de esta enfermedad sobre la salud, compromete nuestro bienestar y el desarrollo económico al obligar al estado a invertir de forma desproporcionada en la atención de sus múltiples complicaciones. De no lograr acciones efectivas ante este problema, podríamos llegar a una prevalencia del 45% en adultos para el 2030. Por otro lado, los aumentos observados en los últimos años no han sido estadísticamente significativos, lo que sugiere que el fenómeno podría estar logrando una estabilización o incluso una ligera reducción respecto a lo proyectado en algunos grupos poblacionales como las mujeres. Pero ¿cuáles es la causa de ésta epidemia?
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En los últimos años, un importante cúmulo de evidencia ha demostrado que entre los principales causantes de la obesidad se encuentra el entorno alimentario y físico a los que estamos expuestos en la actualidad. En México, como en la mayor parte del mundo, el sistema alimentario ha sufrido una transformación con consecuencias muy negativas para la salud y la sostenibilidad del planeta. Hoy en día existe una oferta desmesurada de productos comestibles y bebibles ultraprocesados (conocidos como “comida chatarra”). Estos son promocionados de forma incesante a través de todos los medios publicitarios posibles centrando sus estrategias principalmente en atraer el consumo de la población infantil, que es la más vulnerable a este tipo de estrategias.
Su impacto es devastador, se estima que, sólo por consumo de refresco y bebidas azucaradas mueren más de 40 mil mexicanos cada año. La magnitud, la complejidad y las consecuencias de la obesidad, requieren una reflexión profunda desde múltiples perspectivas. En México se han logrado importantes avances en la implementación de políticas alimentarias que han probado ser efectivas para promover la disminución del consumo de comida chatarra. Entre estos destaca el impuesto a refrescos, el etiquetado frontal con sellos de advertencia, la regulación a la publicidad dirigida a niños con eliminación de personajes en productos malsanos, las nuevas guías alimentarias sostenibles y saludables de México y recientemente, la reforma a la Ley General de Educación, que promoverá la alimentación saludable dentro de las escuelas.
Además de esto la nueva Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados y de aprobarse marcará un hito en la garantía del derecho a una alimentación adecuada. No obstante, además de contar con políticas que faciliten una selección de alimentos más saludable como las antes mencionadas y mejores estilos de vida, se requiere mantener informados y capacitados a los profesionales de la salud, tomadores de decisiones y a la población en general y lograr una respuesta del sistema de atención, que esté centrada en la persona y enfocada en la prevención.
Este año se aprobó un decreto por el cual se homologa al 4 de marzo del 2024, también como el Día Nacional de la Obesidad en México. Esperamos que esta fecha contribuya a concientizar, promover la abogacía, mejorar las políticas y compartir experiencias logrando consensos, visión común y corresponsabilidad para mejorar nuestra respuesta ante esta epidemia. Debemos redoblar esfuerzos en todas las políticas y evitar las barreras que representan los intereses comerciales de corporaciones transnacionales de productos comestibles y bebibles malsanos, que se oponen a los esfuerzos nacionales de salud pública. Si logramos que la obesidad se mantenga alrededor del 38% para el 2030, podremos decir que se ha logrado en el país una reducción significativa respecto a la prevalencia proyectada.