La industria farmacéutica en México atraviesa un momento de reconfiguración profunda, pero no precisamente por avances científicos o cambios regulatorios, sino por una crisis de liderazgo y divisiones internas que fracturaron la unidad de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos (CANIFARMA).
El pasado 16 de abril, la Cámara vivió un cambio institucional con la salida de su entonces presidente, Jesús Guillermo Funes Rodríguez. Aunque la versión oficial del Consejo Directivo destacó su "gran labor" y "total dedicación" al fortalecimiento institucional, tras bambalinas la historia que nos cuentan es distinta.
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La gestión de Funes generó un fuerte descontento entre los agremiados y otras asociaciones del sector. El motivo central: su estrecha relación con el secretario de Salud, David Kershenobich. Según fuentes consultadas por esta columna, Funes mantenía reuniones frecuentes y privadas con el secretario, lo cual despertó suspicacias y malestar. Otros actores clave de la industria cuestionaban por qué no eran convocados a estos encuentros, percibiendo una falta de transparencia y una agenda que no representaba a la totalidad de los miembros.
Tras la renuncia de Funes, el Consejo Directivo designó a Guy Jean Savoir García como presidente sustituto para el periodo 2026-2027. Savoir, un ingeniero químico con una trayectoria destacada en Carnot Laboratorios y formación en Harvard Business School, asumió el cargo con el objetivo explícito de "continuar con la unidad de la industria y el diálogo abierto".
Sin embargo, el reto para Savoir es mayúsculo. No solo debe sanar las heridas dejadas por la administración anterior, sino que debe hacerlo en un contexto de cambios operativos críticos dentro del organismo.
Nueva salida en puerta
La estabilidad de CANIFARMA vuelve a ponerse a prueba. Se alista una nueva baja sensible en la estructura operativa: Rafael Gual, quien se desempeña como director general, dejará su cargo próximamente.
La búsqueda de su relevo ya está en marcha y la presión es alta, pues se espera que el nuevo director quede definido a más tardar en septiembre, mes en el que se llevará a cabo la convención anual de la Cámara. Esta salida añade incertidumbre a una industria que ya lidia con diversas problemáticas externas.
Todas las miradas están puestas en la reunión del comité que se realizará este miércoles 12 de agosto. Es casi seguro que el tema de la sucesión de Rafael Gual y las tensiones remanentes de la era Funes estén en la agenda... pero no en la orden del día. Es como el elefante en la sala.
La industria farmacéutica no puede permitirse una cámara fragmentada en un momento donde la colaboración público-privada es esencial para el acceso a la salud. La pregunta que queda en el aire es si la Cámara logrará realmente la cohesión o si las fracturas internas terminarán por debilitar la voz de uno de los sectores más estratégicos de la economía mexicana.
Hugo Aguilar, ¿con autoridad sobre jueces y magistrados para revisar patentes resucitadas?
En el complejo ecosistema de la salud pública en México se está gestando un fenómeno complejo: la resurrección judicial de patentes vencidas. Como les contamos previamente en este espacio, en los últimos siete u ocho años se han interpuesto al menos 30 juicios por parte de empresas farmacéuticas transnacionales con el fin de revivir patentes comerciales.
Dentro de esta estrategia de asedio legal, Pfizer destaca como una de las corporaciones más agresivas en la defensa de sus intereses. Esta postura no es nueva; la empresa ya mostró su firmeza al rechazar la liberación de patentes de vacunas durante la crisis sanitaria global, priorizando el beneficio económico sobre el acceso universal.
Ante este panorama, surge una pregunta obligada sobre el papel de Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sería fundamental ver si Aguilar tiene alguna posibilidad real de incidir y hacer reflexionar a jueces y magistrados sobre el hecho de que este no es sólo un tema de números, sino de derechos humanos.
Sin embargo, el cuestionamiento es de fondo: ¿Tendría caso que Aguilar se reuniera con la industria y las secretarías de Economía y Salud si no tiene capacidad para incidir? Tras la reforma judicial, el presidente de la Corte ya no tiene injerencia directa sobre los juzgadores, pues el control administrativo y disciplinario pasó a manos del Órgano de Administración Judicial. ¿O ya se habrá reunido con la industria?
La incertidumbre persiste en el Máximo Tribunal. ¿Acaso lo que están esperando es que los litigios les caigan en las manos de forma natural, aunque pasen años? ¿O se atreverá el ministro presidente a ejercer la facultad de atracción para sentar un precedente urgente que detenga el abuso de las "patentes muertas"?