La próxima gran reforma del sistema de salud mexicano no llegará con un hospital nuevo ni con una inauguración multitudinaria. Llegará, probablemente, en unas cuantos semanas y unas páginas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Y aunque parece un movimiento técnico, lo que está por definirse podría cambiar la forma en que millones de mexicanos se atienden en el sector público.
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Desde abril existe ya un decreto para avanzar hacia un Sistema Universal de Salud, pero la parte más importante sigue pendiente: los lineamientos que explicarán cómo operarán realmente IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar como una red compartida. En teoría, esas reglas tendrían que publicarse dentro de los 60 días hábiles posteriores al 17 de abril y ahí estará la verdadera prueba del modelo.
Porque el problema del sistema nunca ha sido solamente médico. También es administrativo y financiero.
Hoy ya existe un esquema de intercambio entre instituciones con alrededor de 340 intervenciones médicas autorizadas. En el papel, un paciente puede atenderse fuera de su institución de origen. El problema aparece después: ¿quién paga esa atención y cómo se cobra?
Actualmente, las instituciones tienen que facturarse entre sí mediante procesos burocráticos que pueden tardar meses. Hospitales esperando pagos, trámites interminables y cuentas pendientes han limitado durante años el intercambio de servicios.
Lo que ahora se busca crear es una “caja de compensación”, una especie de fondo común donde IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar aparten previamente parte de su presupuesto para pagarse entre sí de manera mucho más rápida. Así, cuando una institución atienda a pacientes de otra, el dinero saldría de ese mecanismo y no de trámites administrativos interminables.
La intención es que esos pagos ocurran dentro del mismo mes en que se otorgó la atención médica. Parece un ajuste técnico, pero en realidad implica cambiar la lógica histórica del sistema público de salud: dejar de operar como instituciones separadas y comenzar a funcionar como una sola red.
Los lineamientos pendientes también definirán cómo avanzará la digitalización del expediente clínico y la futura credencial de salud para que un paciente pueda atenderse en distintas instituciones sin repetir trámites cada vez.
El reto financiero sigue siendo enorme, especialmente porque el nuevo esquema arrancará con recursos ya existentes y no necesariamente con más presupuesto. Pero incluso con esas limitaciones, lo que está por publicarse podría convertirse en el inicio de la mayor reorganización de la salud pública mexicana en décadas.