Durante años, hablar de trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue sinónimo de expedientes interminables, tiempos de espera desesperantes y una burocracia que parecía diseñada para poner a prueba la paciencia de cualquier ciudadano, empresa o institución de salud. Hoy, esa lógica comienza a cambiar. La Secretaría de Salud, encabezada por David Kershenobich Stalnikowitz, emitió el pasado 30 de abril un acuerdo que promete marcar un antes y un después en la gestión sanitaria del país: menos trámites, menos duplicidades y menos tiempo perdido en ventanillas que, durante demasiado tiempo, funcionaron como auténticos muros administrativos.
La medida responde a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, pero su verdadero valor está en cómo aterriza esa intención. La fusión de homoclaves y procedimientos repetitivos representa un alivio real para quienes operan dentro del sistema de salud.
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Permisos que antes obligaban a recorrer distintos caminos ahora se concentran en una sola licencia sanitaria, como ocurre con establecimientos de hemodiálisis, actos quirúrgicos, trasplantes o servicios de sangre. Lo mismo sucede con los trámites vinculados a equipos de Rayos X, Medicina Nuclear y Radioterapia. No se trata de relajar la regulación, sino de hacerla más lógica y funcional.
Sin embargo, donde esta reforma realmente se juega su credibilidad es en los tiempos de respuesta. Reducir una autorización que tardaba hasta un año a solo tres meses no es un ajuste menor: es una señal de que el Estado puede dejar de ser sinónimo de lentitud crónica. Más contundente aún resulta el caso del muestreo y liberación de productos derivados de importación, que pasa de 90 días naturales a apenas tres días hábiles. Esa diferencia no sólo impacta a la industria; también puede traducirse en medicamentos, insumos y servicios llegando más rápido a quienes los necesitan.
Los ajustes también alcanzan permisos de construcción de establecimientos médicos, licencias para productos del tabaco y modificaciones de registros de plaguicidas o nutrientes vegetales. La constante es la misma: reducir a la mitad —o más— los tiempos de atención. En un país donde la tramitología muchas veces se convierte en una forma silenciosa de corrupción o ineficiencia, simplificar procesos también significa cerrar espacios a discrecionalidades que históricamente han debilitado la confianza institucional.
A ello se suma un componente igual de importante: la digitalización. Eliminar la obligación de presentar documentos físicos para decenas de trámites no sólo representa comodidad; implica reconocer que la administración pública no puede seguir funcionando bajo la lógica del sello, la copia y la fila eterna. Desde licencias para medicina regenerativa hasta certificados de exportación, la apuesta es clara: que la tecnología deje de ser promesa y se convierta en herramienta cotidiana.
Por supuesto, el verdadero examen no está en la publicación del acuerdo, sino en su cumplimiento. México ha sido experto en anunciar grandes reformas que terminan atrapadas en la inercia institucional. Si la Cofepris, que encabeza Víctor Hugo Borja, logra sostener esta transformación, podría dejar de ser vista como un obstáculo administrativo para convertirse en una autoridad regulatoria eficiente, moderna y útil. Porque en salud pública, cada día que se gana en un trámite puede significar mucho más que eficiencia: puede significar atención oportuna, inversión responsable y, en muchos casos, vidas mejor protegidas.
Del choque a la coordinación
Hace apenas un año, la relación entre el gobierno y la industria farmacéutica estaba marcada por reclamos y tensiones. El Consejo Coordinador Empresarial advertía entonces sobre adeudos cercanos a los 40 mil millones de pesos y alertaba sobre el impacto que los retrasos podían tener en el abasto de medicamentos.
Hoy el escenario sigue enfrentando retos, pero el tono es distinto. Hay mesas de trabajo, diálogo institucional y una estrategia enfocada en resolver los pasivos acumulados sin generar nuevas deudas. Esa diferencia no es menor.
De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, coordinada por Patrick Devlyn, el adeudo reconocido asciende actualmente a 16 mil 222 millones de pesos. El mayor peso recae en IMSS-Bienestar, con 8 mil 568 millones de pesos, seguido del IMSS, con 2 mil 689 millones, y el ISSSTE, con 2 mil 269 millones. También existen pendientes en otras áreas del sistema de salud.
El punto relevante es que se trata principalmente de adeudos atrasados, no de obligaciones nuevas. El desafío ahora es doble: liquidar el rezago histórico y, al mismo tiempo, evitar que las compras actuales repitan prácticas que durante años generaron presión financiera y conflictos con proveedores.
Por eso resulta importante la instalación de mesas de trabajo con IMSS-Bienestar, identificado como el principal cuello de botella. Más allá de las cifras, el objetivo parece claro: dar estabilidad al sistema y recuperar confianza entre instituciones y empresas.
La relación aún tiene pendientes, pero el contraste con el año pasado es evidente. Donde antes predominaban las acusaciones públicas, hoy empieza a construirse una dinámica más orientada a la coordinación y a las soluciones y en salud, eso siempre será una buena señal.