La historia reciente del sistema público de salud en México no puede entenderse solamente como una sucesión de nombres: Seguro Popular, INSABI e IMSS-Bienestar. Detrás de cada sigla hubo un modelo financiero, una forma de comprar medicamentos y una manera distinta de repartir responsabilidades entre la Federación, los estados y las instituciones públicas.
El Seguro Popular representó una etapa de financiamiento descentralizado. La Federación transfería recursos, los estados operaban servicios y la compra de medicamentos e insumos dependía en buena medida de la capacidad administrativa, presupuestal y logística de cada entidad federativa. Era un modelo imperfecto, con desigualdades territoriales evidentes, pero con una arquitectura financiera reconocible: había fondos, reglas de operación, padrones, aportaciones y una lógica de aseguramiento público para población sin seguridad social.
Con la llegada del INSABI, el país cambió de discurso y de modelo. La promesa fue abandonar la lógica del aseguramiento para pasar a la gratuidad plena: servicios médicos, medicamentos e insumos sin cuotas para la población sin seguridad social. Sin embargo, el problema no estaba únicamente en declarar la gratuidad, sino en construir la maquinaria financiera, operativa y contractual que pudiera hacerla realidad. El INSABI nació con una enorme expectativa política, pero enfrentó una transición compleja: debía coordinar estados, financiar servicios, comprar medicamentos, resolver abasto y ordenar un sistema históricamente fragmentado.
En esa etapa apareció también el experimento de las compras internacionales y los mecanismos extraordinarios para adquirir medicamentos e insumos. El objetivo era combatir concentración, corrupción y sobreprecios; pero el resultado mostró que la compra pública en salud no se corrige únicamente cambiando al comprador. Se requiere planeación de demanda, investigación de mercado, tiempos adecuados, competencia efectiva, pagos oportunos, almacenamiento, distribución y trazabilidad. Sin esos elementos, la centralización puede convertirse en cuello de botella.
Después vino el viraje hacia IMSS-Bienestar. La desaparición del INSABI no fue un simple ajuste administrativo: significó trasladar el centro de gravedad del sistema. El nuevo modelo busca que la Federación no solo financie, sino que también opere directamente servicios de salud para población sin seguridad social. Con ello, los estados que se adhieren transfieren infraestructura, personal, obligaciones y capacidades operativas. La lógica cambia: ya no se trata únicamente de mandar dinero a los estados, sino de construir un operador nacional de servicios públicos de salud.
En paralelo, la contratación pública de medicamentos e insumos también se transformó. BIRMEX fue colocado como actor central de la compra consolidada, mientras la Secretaría de Salud asumió un papel de planeación, diagnóstico de necesidades e integración de requerimientos. IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, PEMEX, SEDENA, SEMAR y otras instituciones participan dentro de una lógica interinstitucional. En teoría, esta coordinación debería permitir mejores precios, mayor capacidad de negociación y una visión nacional del abasto.
Pero el riesgo es evidente: cuando se concentra la decisión, también se concentra el error. Si falla la planeación, falla todo el sistema. Si la demanda está mal calculada, la compra llega tarde. Si la licitación se diseña mal, se restringe la competencia. Si se adjudica sin capacidad real de entrega, el contrato se vuelve papel. Y si la distribución no está conectada con la necesidad clínica, el medicamento puede existir en el almacén equivocado mientras falta en la unidad médica correcta.
Por eso, la discusión no debe reducirse a si el Seguro Popular era mejor que el INSABI, o si IMSS-Bienestar resolverá por decreto lo que otros modelos no resolvieron. La verdadera pregunta es más profunda: ¿qué modelo financiero y contractual garantiza mejor el derecho a la salud?
El Seguro Popular tuvo reglas financieras, pero fragmentación operativa. El INSABI tuvo una promesa de gratuidad, pero dificultades de implementación. IMSS-Bienestar tiene una oportunidad histórica de integración nacional, pero también enfrenta el reto de demostrar que la centralización puede traducirse en eficiencia, transparencia y medicamentos disponibles.
El IMSS-Bienestar nació endeudado, debido ha catástrofe financiera, operativa y administrativa del INSABI, al tiempo que también han cometido errores de gran impacto presupuestal, tales como:
- Bases de licitación confusas y con errores de procedimiento,
- Atrasos en la firma de los contratos,
- Sistema de información sin trazabilidad operativa,
- Calculo de la demanda erróneo,
- Mala planeación de la cadena de suministro
- Emisión de ordenes sin análisis de los consumos promedio mensual
- Permitir la participación de proveedores con productos extranjeros sin registro sanitario nacional, con riesgos sanitarios,
- IMSS Bienestar con una limitada administración pública con altos índices de errores administrativos y operativos
- IMSS Bienestar, cambiando reglas y condiciones de contratación con falta de trazabilidad legal y administrativa
- IMSS Bienestar carente de sistemas de información solidos para respaldar el tamaño de la operación
- IMSS Bienestar y con una estrategia dilatoria de pagos a los proveedores, incluso por encima de Buen Gobierno.
El paciente no vive de reformas, decretos ni siglas. Vive de diagnósticos oportunos, medicamentos completos, tratamientos continuos y hospitales funcionando. En salud pública, el éxito de una política no se mide por el tamaño de la reforma, sino por la capacidad de convertir el presupuesto en atención médica real.
México ha pasado del aseguramiento descentralizado a la gratuidad federalizada, y de ahí a la operación nacional del sistema. El desafío ahora es que esa ruta no termine en una nueva burocracia del abasto, sino en una verdadera cadena pública de valor: planeación seria, compras limpias, contratos cumplibles, pagos ordenados, distribución eficiente y medicamentos en manos de quien los necesita.
Hoy la crisis en el IMSS Bienestar por falta de pagos es difícil de calcular, ninguna autoridad se atreve a determinar la deuda, y la falta de seriedad de las autoridades de resolver la crisis de pagos deja a los proveedores en estado de indefensión. Tanto la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno no intervenga a la dependencia para investigar la falta de pagos y donde ha quedado el dinero, así como la responsabilidad de la Subsecretaria de Salud de no invitar a la compra consolidada a una dependencia que carece de capacidad de administración, ejecución, control y pago, la crisis de abasto no podrá resolverse en el sistema de salud obligado para atender a los ciudadanos que carecen protección sanitaria, tal como la establece el artículo cuarto de la Carta Magna.
Porque en materia de salud, la falla financiera y la falla contractual no son errores administrativos: son interrupciones directas al derecho a la vida, a la continuidad terapéutica y a la dignidad del paciente.