Hablar de abasto en salud no es hablar de contratos, licitaciones o almacenes. Hablar de abasto es hablar de algo tan cercano a la cotidianidad de millones de personas como si un paciente tiene acceso a su medicamento a tiempo y no tiene que volver al siguiente día porque la madre no tiene el medicamento completo, si un tratamiento se interrumpe por cuestiones administrativas, etcétera. Por eso, cuando el modelo de abastecimiento del sistema público de salud cambia no solamente cambia una estructura de gobierno; cambia la forma en la que el Estado va a intentar atender una demanda social específica y muy sentida.
Eso es lo que acontece en México. En 2025-2026 surge un nuevo andamiaje normativo que redefine quién planea, quién autoriza, quién compra, quién distribuye y quién vigila el cumplimiento del abasto. Y en ese marco normativo, poco a poco, los espacios cobran forma y comienza a aparecer con peso cada vez más específico y propio una figura: La Subsecretaría de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud (SS).
La línea del tiempo para conformar la súper subsecretaria de Salud, muestra una evolución muy clara:
- Primero se construye la estructura (Reglamento Interior, 2025).
- Luego se ordena la planeación y el flujo de demanda (Lineamientos, agosto 2025).
- Después se fortalece el operador logístico (BIRMEX, enero 2026).
- Se eleva todo a rango legal (LGS, enero 2026).
- Se endurece el control documental del proveedor (contenido nacional, enero 2026).
- Y finalmente se crea el sistema de monitoreo que pone a la Subsecretaría como nodo de supervisión (febrero 2026).
Durante años se había abordado el desabasto desde la idea del cúmulo de una serie de fallas aisladas: una licitación que se publicó tarde, una orden de suministro mal emitida, un proveedor que no entregó, un almacén saturado para después volver al tema del proveedor que se entregó tarde o mal o las fallas en la distribución física o administrativa. El nuevo marco normativo parte desde otra lógica: el problema estructural no está en una sola fase sino en toda la cadena. Por tanto, la respuesta institucional ya no es solo comprar mejor sino reorganizar globalmente la lógica del abasto público.
En esa reorganización la Secretaría de Salud deja de ser solo una autoridad sanitaria reguladora desde arriba; ahora también asume funciones expresas como planeación e integración de la demanda, así como seguimiento a los procesos de contratación consolidada. Ya no observa al sistema; ahora participa en su planeación estratégica.
Pero lo más interesante no radica tanto en las nuevas atribuciones obtenidas por la Secretaría sino en su distribución interna. Los lineamientos publicados en agosto de 2025 disponen que antes que BIRMEX inicie cualquier procedimiento administrativo para llevar a cabo alguna compra consolidada el diagnóstico inicial deberá ser realizado por la propia dependencia para después revisar los requerimientos planteados por las instituciones y validar que dichos requerimientos sean congruentes con las políticas nacionales específicas para el abasto. Es decir, primero debe pasar un filtro técnico sectorial antes que el propio sistema realice alguna compra.
Esto representa un cambio estructural generando otra lógica temporal dentro del proceso mismo. BIRMEX presenta aún características intrínsecas al proceso, pero concentrándose ahora meramente en las fases ejecutivas: compra, recepción, transporte, almacenamiento y administración del proceso cadena de suministro. La Secretaría pasa a realizar funciones directivas específicas dentro del proceso logístico relacionado al acopio físico administrativo del Sistema Nacional del Abastecimiento.
En el seno del gobierno federal, la SS aparece con una doble gran dirección. Por un lado, dirige el diseño del nuevo modelo de abasto e insumos para la Salud y garantiza la coherencia sectorial y ministerial de dicho modelo; por otro lado, cede a BIRMEX la ejecución de las actividades logísticas y de contratación. La nueva Agencia de Compras, BIRMEX, aparece como un nuevo actor importante, pero no central en la dinámica propia del modelo.
En esa lógica, las instancias propias de control interno de la Secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG) mantienen la rectoría global sobre las contrataciones públicas a cargo del sector público nacional. Finalmente, los proveedores se encuentran sujetos a un régimen ampliado de trazabilidad documental e información que incrementa sus requerimientos de verificación y seguimiento. Conjuntamente, lo que se plantea es un esquema diferenciador donde se combinan elementos de centralización estratégica con ejecución diferenciada.
Sin embargo, dentro de ese diseño, la Subsecretaría adquiere un papel central, no porque substituya a los otros actores, sino porque aglutina diversos procesos que permiten la operación del sistema día a día.
La lógica del nuevo modelo parece ser recuperar control, reducir dispersión y organizar una cadena logística que mostró fisuras evidentes durante años. En teoría, suena acertado. Sin embargo, en el mundo de la salud pública, lo que cuenta no es el diseño normativo sino la capacidad de este para aterrizar en resultados. No se mide en publicaciones del Diario Oficial de la Federación (DOF) sino en la unidad médica, en la farmacia hospitalaria, en el consultorio y en la experiencia del paciente.
Porque al final de toda discusión sobre gobernanza, cadenas de suministro o compras consolidadas siempre está la misma pregunta sencilla pero contundente: ¿habrá o no medicamento cuando lo requiera? Si la nueva arquitectura institucional logra responder que sí, entonces habrá dado un primer paso. Si no, sólo se habrá cambiado de piel al mismo monstruo: un nuevo diseño institucional sobre un problema que espera ser resuelto.