La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una inhabilitación por 10 años y sanciones económicas que suman 20.9 millones de pesos a dos exfuncionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) por realizar un desfalco millonario contra la institución durante los gobiernos de los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Los sancionados, Luis R. y José B., adscritos a la Dirección de Tecnologías de la Información, fueron hallados responsables de autorizar el pago de cinco facturas entre 2018 y 2019 sin que se comprobara la realización de los servicios contratados para un Sistema de Gestión Gubernamental (GRP).
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De acuerdo con la dependencia que encabeza Raquel Buenrostro, este hecho provocó un daño patrimonial de 20 millones de pesos a Birmex. Las multas individuales para estos ex servidores públicos se fijaron en 12.2 y 8.7 millones de pesos, respectivamente.
Esto forma parte de una serie de acciones realizadas por Buen Gobierno, que sancionó a un total de 41 personas servidoras públicas con inhabilitaciones de hasta una década y multas que, en conjunto, superan los 22.4 millones de pesos.
Además de los casos en Birmex, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Secretaría han emitido castigos para personal de diversas dependencias, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Cultura, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Nepotismo en el IMSS
Buen Gobierno también detectó un caso de nepotismo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En este caso, la sanción fue contra María S., quien laboraba en el Área de Recursos Humanos en la región de Michoacán. La funcionaria recibió una inhabilitación por 3 meses tras confirmarse que, en 2023, utilizó su posición oficial para firmar un documento que permitió la contratación de su propia hija. A pesar de tratarse de un familiar directo y representar un claro conflicto de interés, la servidora pública procedió con la contratación, lo que derivó en la medida disciplinaria actual.