El nuevo Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) votó a favor de eliminar la recomendación de la vacuna universal contra la hepatitis B para bebés menores de 2 meses.
Este organismo asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, una de las instituciones más prestigiosas de salud en el mundo.
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Este hecho representa un cambio importante en el esquema sugerido desde hace décadas.Hasta ahora, los CDC recomendaban que todos los recién nacidos recibieran la primera dosis durante las primeras 24 horas de vida, como una estrategia para prevenir la transmisión perinatal de hepatitis B. Sin embargo, la nueva votación del ACIP plantea una modificación que requiere una revisión formal antes de que se incorpore a las guías oficiales.
¿Cómo afecta esta decisión de la CDC?
La decisión alrededor de esta vacuna no elimina su importancia, sino que retira la universalidad de la aplicación en menores de 2 meses, lo que significa que ya no sería una recomendación automática para todos los recién nacidos. Podría priorizarse su aplicación en grupos de mayor riesgo, como bebés nacidos de madres con hepatitis B o con antecedentes familiares. No significa que la vacuna deje de ser segura o efectiva, sino que se reconsidera el momento óptimo para su administración.
No obstante, especialistas insisten en que la hepatitis B sigue siendo una enfermedad grave, y la vacuna continúa siendo una de las más eficaces para prevenir contagios.
La vacuna contra hepatitis B continúa recomendándose como medida de salud pública. La modificación se centra en cuándo y a quién aplicarla primero, no en cuestionar su utilidad.
Este biológico contra la enfermedad del hígado es seguro y altamente eficaz para prevenir infecciones crónicas que pueden derivar en cirrosis o cáncer.
Lo más recomendable es consultar al pediatra sobre riesgos individuales, antecedentes familiares y mantener un control prenatal completo para detectar el riesgo de padecer hepatitis B en la historia clínica.
Esta decisión ha sido cuestionada por múltiples especialistas de la salud, entre ellos el doctor Alejandro Macias, investigador inscrito al SNI nivel 3.
"Es un atentado a la salud pública", declara.
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