Un juez de Nueva York anunció que aprobará el plan de reestructuración de Purdue Pharma, responsable de la masiva adicción al analgésico OxyContin, lo que permitirá repartir 7,400 millones de dólares en indemnizaciones tras casi 20 años de litigios.
De acuerdo con una publicación de El País, la decisión implica la disolución de la compañía, la creación de una nueva empresa pública dedicada a combatir la adicción y la continuidad de acciones legales contra la familia Sackler para quienes rechacen el acuerdo.
El fallo permitirá a Purdue salir formalmente del estado de quiebra y dar paso a su desaparición como empresa privada. A cambio, se habilita el pago de 7.400 millones de dólares en indemnizaciones a gobiernos estatales, gobiernos locales, tribus nativas, hospitales y víctimas que durante años han exigido reparación por los daños provocados por la oxicodona.
El juez adelantó su decisión durante una audiencia en White Plains, Nueva York: “Les anuncio ahora que voy a confirmar el plan". La sentencia final se publicará el próximo martes.
Una crisis sanitaria
La publicación refiere que, OxyContin se convirtió en los años noventa y 2,000 en el analgésico más recetado para el dolor crónico en Estados Unidos, en gran medida debido a las prácticas comerciales agresivas de Purdue. La adicción al fármaco abrió la puerta al consumo de sustancias más potentes como el fentanilo, 50 veces más fuerte que la morfina.
La epidemia ha dejado más de 700,000 muertes en dos décadas, marcando la mayor crisis sanitaria desde el VIH y la pandemia por covid-19.
La reestructuración que implica el fin de Purdue
El nuevo plan de reorganización, presentado en marzo de 2025, transformará los activos de Purdue en una nueva empresa de beneficio público llamada Knoa Pharma, cuya misión será desarrollar tratamientos para revertir sobredosis, combatir la adicción y distribuir medicamentos de manera controlada. El OxyContin seguirá comercializándose, pero de forma estrictamente regulada y con fines limitados.
El proceso de quiebra había recibido más de 600,000 demandas y generado reclamaciones por más de 40,000 millones de dólares.
El pacto actual crea fondos para tratar la adicción, reducir el consumo de opioides, financiar programas estatales de prevención y compensar directamente a personas afectadas y sus familias.
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