Mientras el sistema público de salud en México lucha por cumplir con la promesa de atención universal, una red informal ha crecido para llenar los vacíos: las clínicas de farmacia minorista. En las últimas dos décadas, estos consultorios ambulatorios, ubicados dentro de establecimientos farmacéuticos, se han transformado en una pieza clave para la atención de padecimientos menores en todos los niveles socioeconómicos.
Este modelo integrado, que consolida el diagnóstico y la dispensación de medicamentos en un solo lugar, se ha vuelto indispensable. Su auge se aceleró tras la disolución del Seguro Popular y la presión adicional que representó la pandemia de covid-19, ofreciendo una solución accesible donde el Estado no llega.
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Un sondeo reciente en redes sociales realizado por el equipo de SuMédico confirma esta tendencia: más del 80% de los participantes prefieren acudir a consultas en farmacias como Farmacias Guadalajara, Similares o Del Ahorro, principalmente por rapidez, accesibilidad y costo reducido, evitando las largas esperas del Seguro Social.
Un modelo de acceso, pero con sombras
La conveniencia es la carta de presentación de estas clínicas. Con consultas que suelen costar entre 40 y 100 pesos, e incluso algunos servicios gratuitos, atraen cientos de millones de visitas al año. El sondeo revela que el gasto promedio por consulta y medicamentos oscila entre 300 y 500 pesos, aunque puede superar los 700 pesos cuando se requieren tratamientos más complejos. Esta cifra no solo refleja una alta demanda, sino una profunda necesidad insatisfecha en el sector público.
Sin embargo, esta accesibilidad tiene una contraparte. Las clínicas operan en una "zona gris regulatoria", careciendo de supervisión en cuanto a la calidad de la atención, los resultados clínicos y sus prácticas de negocio. La mayoría de los encuestados reconoce que estas farmacias son una buena opción principalmente para enfermedades comunes o básicas, pero no sustituyen la atención especializada. Esta falta de gobierno las convierte en un arma de doble filo para la salud pública.
El conflicto de interés: La presión por vender
La principal preocupación ética de este modelo radica en su estructura. Los médicos que trabajan en estas clínicas a menudo enfrentan condiciones laborales deplorables y están sujetos a una presión constante para cumplir con cuotas de ventas.
Estudios poblacionales sugieren una consecuencia directa: a los pacientes que acuden a estas clínicas se les prescriben más medicamentos por visita que en instituciones públicas o privadas. Esta tendencia se confirma en el sondeo, donde la mayoría reporta haber recibido prescripción de antibióticos durante sus consultas. Esta sobreprescripción sistemática puede derivar en polifarmacia, gastos catastróficos para las familias, reacciones adversas y un contribuyente clave al grave problema de la resistencia a los antibióticos.
¿Prohibir o regular las consultas en farmacias?
Ante este panorama, la eliminación de estas clínicas no es una opción viable. Los resultados del sondeo refuerzan esta postura: los usuarios valoran especialmente la accesibilidad de estas consultas, destacando la proximidad geográfica, horarios flexibles y precios bajos como factores determinantes. Su desaparición repentina provocaría un colapso en el acceso a la atención primaria para amplios sectores de la población. El desafío, entonces, no es erradicarlas, sino integrarlas y regularlas para mitigar sus riesgos.
El éxito financiero de estas clínicas se basa en dos factores estructurales: una infraestructura de salud pública débil y un gasto de bolsillo en salud que se encuentra entre los más altos de América Latina. El sondeo muestra que muchos usuarios acuden inicialmente a farmacias porque prefieren esperar a ver si los síntomas mejoran por sí solos antes de invertir tiempo y dinero en el sistema formal. Permitir que sigan operando sin control afianza un sistema de atención fragmentado y de calidad cuestionable.
De amenaza a pilar de la salud pública
Más allá de los riesgos, este modelo presenta una oportunidad única. Con su amplia cobertura geográfica y una base de pacientes establecida, estas clínicas podrían transformarse de ser una amenaza latente en un pilar vital para la atención primaria.
El sondeo corrobora que los usuarios segmentan naturalmente su uso: acuden a farmacias para padecimientos leves como gripe o infecciones estomacales, pero prefieren el Seguro Social para condiciones más graves como esguinces o enfermedades crónicas.
La Secretaría de Salud podría integrarlas en una estrategia nacional, orientándolas hacia la atención preventiva y longitudinal. Un modelo de asociación público-privada, similar al exitoso despliegue de vacunas contra covid-19 en farmacias de Estados Unidos, podría ser el camino a seguir.
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