Contar con un sistema de salud interconectado que permita que un paciente reciba atención médica en la clínica que le queda más cercana sin importar si está afiliado o no a una institución del Sector Salud es el ambicioso proyecto que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca poner en marcha entre 2026 y 2027. Sin embargo, implementar este modelo de atención universal no es tarea sencilla, ya que se requiere una reforma integral a las leyes que rigen los servicios de salud en el país, de acuerdo con especialistas consultados por SuMédico.
"Les adelanto que en enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al sistema de salud nacional, todos van a tener una credencial. Si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS-Bienestar, de acuerdo con lo que ellos nos digan o con lo que cada persona diga para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones.
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"Porque el objetivo es generar un esquema para que a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS-Bienestar o del IMSS, puedes atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública", dijo Sheinbaum en su conferencia matutina del 6 de octubre.
La presidenta informó que en 2026 iniciará el proceso para el registro del sistema de salud nacional, que será la base para poner en marcha en 2027 la interconexión entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el IMSS-Bienestar.
La legislación que es el eje rector del sistema de salud como lo conocemos actualmente es la Ley General de Salud, que se promulgó el 7 de febrero de 1984 durante el gobierno del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Esta ley tiene 41 años de haberse implementado y la última reforma que se hizo fue en junio de 2024.
La Ley del Seguro Social es más reciente, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, durante el mandato de Ernesto Zedillo. Mientras que la Ley del ISSSTE se publicó el 31 de marzo de 2007 en el gobierno de Felipe Calderón. En tanto que el IMSS-Bienestar, como lo conocemos actualmente, no tiene una ley propia, sino que se rige por el decreto presidencial emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 31 de agosto de 2022, el cual se modificó el 13 de agosto de 2025.
Expertos entrevistados por SuMédico coincidieron en que para avanzar hacia la universalización del sistema de salud, como anunció Sheinbaum Pardo, es necesario hacer ajustes a la legislación vigente. Aunque hay opiniones divididas: algunos consideran que será necesario hacer nuevas leyes, mientras que otros piensan que reformar las leyes vigentes será suficiente.
Los especialistas consultados coinciden en que no será rápida la implementación de este nuevo proyecto para universalizar el sistema de salud, pero destacaron que es una buena propuesta y que es viable ponerla en marcha.
Las reformas necesarias para la universalización
Para Mauricio Sarmiento, abogado, médico y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, llevar a cabo la propuesta de universalización del sistema de salud será una “tarea titánica”, pues consideró que sería necesario elaborar una nueva Ley General de Salud que sirva como cimiento de este nuevo proyecto.
“A partir de 1984 no ha habido un cambio tan grande como el que propone la presidenta. Si lo quieren hacer bien tienen que hacer otra Ley General de Salud, porque ésta tiene como función que haya un cierto tipo de colaboración entre las instituciones, si ahora todos van a atender a todos los pacientes, habría que empezar con otra Ley General de Salud que establezca esta nueva realidad”, señaló.
El experto indicó que en esta nueva ley se deberían establecer las funciones de los diferentes órganos y quién va a regir el sistema, entre otros aspectos. Asimismo, destacó que también se tendrían que reformar las leyes del IMSS y del ISSSTE para que vayan en el mismo sentido. Debido a la complejidad que esto implica, prevé que el proceso podría ir más allá de 2027, que es el plazo que dio Sheinbaum para iniciar.
Juan Carlos Castillo Torres, socio director de CGA Legal y Asuntos Públicos, coincidió en que desde la perspectiva normativa y legal hay una serie de disposiciones jurídicas vigentes que se deben reformar, empezando por la Ley General de Salud, las leyes del IMSS y del ISSSTE, y leyes orgánicas.
“De las leyes se derivan los reglamentos, entonces también hay que hacer reformas reglamentarias o crear reglamentos, en su caso, que tengan estos alcances operativos y administrativos”, explicó.
Para el especialista, este plan de universalización es una buena idea, aunque ve apretados los tiempos en que se plantea su implementación debido a este tema legal, pues recordó que las reformas legales, nuevos reglamentos, normas oficiales mexicanas y disposiciones administrativas tienen que pasar por diversos trámites como ser analizados en el Congreso y procesos de mejora regulatoria, entre otros.
“Sin embargo, sí creo que el hecho de que haya la intención puede marcar un precedente importante para 2027, es decir, la instrucción que da la presidenta de México en estos temas permite visualizar la posibilidad de empezar a estructurar estas reformas, pero también contar con certeza y mecanismos claros”, indicó.