La confrontación entre el gobierno federal y la industria farmacéutica vivirá un nuevo capítulo este martes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dé a conocer las empresas que serán sancionadas por incumplir los contratos de suministro de medicamentos y dispositivos médicos con la Secretaría de Salud.
La mandataria adelantó la semana pasada que se exhibirá a las compañías que no entregaron los productos en los plazos establecidos, pese a haberse comprometido en los contratos firmados.
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“Si ellos participan en la licitación se comprometen al firmar el contrato a entregar en los plazos, si no lo hacen no cumplen con ese contrato. Si no podían cumplir no hubieran concursado no hubieran dicho que la entrega de medicamentos dependerá de pagos de adeudos… en la licitación no dice ningún lado que si tienen adeudos tienen derecho a no entregan los medicamentos”, dijo durante su conferencia matutina.
¿“Lista negra” desde la industria?
Sin embargo, el periodista Mauricio Flores reveló en su columna Gente detrás del dinero, que ante los señalamientos del gobierno, parte de la industria farmacéutica analiza crear su propia “lista negra”, integrada por entidades del sector público que no pagan a tiempo, encabezadas por el IMSS Bienestar.
Cabe recordar que el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), Juan de Villafranca, ha denunciado que las deudas con laboratorios nacionales ascienden a 5,000 millones de pesos, principalmente por entregas realizadas desde 2021 al extinto INSABI, ahora absorbido por el IMSS Bienestar.
“Si no entregamos medicamentos, nos multan; pero son insumos que ya entregamos y no nos pagan. Es una situación crítica para los laboratorios nacionales”, de acuerdo con Villafranca.
Por su parte, Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), estimó que el adeudo total del gobierno federal con la industria alcanza los 40 mil millones de pesos, lo que genera incertidumbre sobre los próximos procesos de compra consolidada.
José Luis García, presidente de la Asociación Mexicana de Distribución Institucional de Salud, dijo a Sumédico la semana pasada que “ningún proveedor se ha excusado por falta de pago”, y aclaró que la industria cumple con los plazos establecidos, aunque enfrenta múltiples obstáculos que no dependen de los fabricantes.
Por su parte, Carlos Salazar Gaytán, presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud (ANAPS), reconoció que existen retrasos, pero los atribuyó a factores estructurales y logísticos, no a incumplimientos deliberados.
Explicó que de las 34 empresas señaladas por el gobierno, al menos 19 pertenecen al sector de dispositivos médicos- no farmacéuticos- y muchas ya tenían el producto listo para entrega, pero enfrentaron obstáculos para las entregas, principalmente.
Sanciones oficiales ya publicadas en el Diario Oficial
En paralelo, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG) confirmó este lunes nuevas sanciones contra farmacéuticas señaladas por incumplimientos contractuales.
- Las empresas Impromed y Total Farma quedaron inhabilitadas por un año y medio para celebrar contratos con cualquier dependencia de los tres órdenes de gobierno.
- Total Farma fue sancionada tras un fallo definitivo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que validó su inhabilitación y una multa de 760,000 pesos.
- Impromed también recibió una sanción similar y una multa de 894 mil pesos, luego de que el tribunal desestimara los argumentos de su defensa.
"Se le impusieron a la citada empresa las sanciones administrativas consistentes en Inhabilitación para que por sí misma o a través de interpósita persona, presente propuestas o celebre contrato alguno con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con las entidades federativas cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por el plazo de 1 año 6 meses, así como una multa por la cantidad de $760,410.00.
Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y son de cumplimiento obligatorio.
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