La centralización del gasto en salud mediante el programa IMSS Bienestar ha reducido los recursos federales que se transfieren a los estados, lo que ha limitado los márgenes operativos de las entidades que se han adherido a este esquema de atención a la población sin seguridad social, de acuerdo con un análisis de Moody’s.
Según el informe de la agencia de calificación de riesgo, el menor acceso al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) obliga a los estados con convenio con el IMSS Bienestar a destinar más recursos propios y participaciones para cubrir la brecha en el gasto en salud.
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Las estimaciones de Moody’s apuntan para que el cierre de 2025 esa brecha adicional representará 0.7% de los ingresos operativos proyectados, un nivel considerado manejable, aunque se suma a otras presiones financieras como el pago de pensiones, aumentos salariales, adeudos con la Federación y gasto en obra pública.
Entre el 2020 y el 2023, los recursos del FASSA para todos los estados crecieron, en promedio, 6.5% anual. Sin embargo, los estados integrados al programa transfirieron al IMSS Bienestar los recursos convenidos del citado fondo en ese periodo.
Caída de recursos
A partir de 2024, con la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comenzó a descontar directamente la parte convenida del FASSA para entregarla al IMSS Bienestar. Ese cambio provocó una caída de 23% en los recursos distribuidos a los estados, mientras que las entidades con convenio registraron una reducción promedio de 34%, equivalente a 38,000 millones de pesos. En contraste, los estados sin convenio reportaron un crecimiento de 7%.
Para 2025, los estados con convenio tuvieron una reducción de 20% en las asignaciones del FASSA, mientras que los que no cuentan con convenio registraron una baja de 5%.
De acuerdo con una publicación de El Economista, desde la entrada en vigor del programa, las entidades con convenio con el IMSS Bienestar registraron una reducción promedio de 13% en su gasto, mientras que las que no forman parte del programa lo incrementaron en 9%. Para 2025, se prevé que los estados con convenio reduzcan su gasto en 12% y los que no lo tienen, en 1%.
Pese a estos ajustes, Moody’s advierte que el recorte del FASSA no ha sido proporcional a la disminución del gasto estatal en salud, lo que refleja la rigidez presupuestal del sector. Esto obliga a las entidades a utilizar recursos propios para mantener la operación de sus servicios sanitarios mientras avanza la centralización de las unidades médicas bajo la administración del IMSS Bienestar.
En 2023, los recursos del FASSA representaban 47% del gasto total de las secretarías estatales de Salud. Para 2024, los estados con convenio pudieron cubrir solo 37% de su gasto con recursos del fondo, frente a 43% en los estados sin convenio. En 2025, la cobertura se reducirá a 35% y 41%, respectivamente.
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