La aspiración de un Servicio de salud universal en México es, sin duda, una prioridad de justicia social. Sin embargo, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueda ser uno de los pilares de esta transformación sin comprometer su propia viabilidad, es imperativo transitar de la voluntad política a la precisión administrativa y financiera.
El IMSS no solo es el mayor prestador de servicios de salud del país; también es el administrador de los recursos que millones de trabajadores y empleadores aportan cada mes para financiar la seguridad social. Esa responsabilidad lo obliga a mirar con cautela cualquier expansión de sus funciones, especialmente cuando implica atender a población que no forma parte de su esquema tradicional de aseguramiento.
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En el Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2025-2026, el Instituto identificó que su participación en prestaciones de "solidaridad social" —aquellas destinadas a ampliar el acceso a servicios para poblaciones no derechohabientes— conlleva un riesgo financiero específico: la generación de presiones transitorias sobre la liquidez institucional. El problema no radica en la política de solidaridad en sí, sino en el riesgo de que el Instituto absorba costos operativos y de atención de manera inmediata, mientras que los mecanismos para recuperar esos recursos se materializan después.
El propio IMSS ha reconocido un riesgo que debería ocupar un lugar central en la discusión: el llamado descalce financiero. No se trata de un tecnicismo burocrático, sino de una realidad que puede comprometer la operación cotidiana del Instituto. En términos simples, ocurre cuando el IMSS debe asumir de inmediato los costos de atención, mientras el reembolso o la compensación de esos recursos llega meses después, o incluso sin una ruta clara para recuperarlos.
Para evitarlo, el IMSS fue claro: no basta con la intención de ayudar, se requieren mecanismos de operación y compensación perfectamente definidos.
Para proteger el patrimonio de los trabajadores y patrones, cuya cuotas financian los seguros ordinarios, el IMSS señaló la urgencia de establecer cuatro pilares fundamentales:
- Reglas financieras y operativas claras: Es vital contar con registros que distingan con precisión a la población atendida, los servicios otorgados y sus costos asociados.
- Metodologías de costeo rigurosas: No se puede compensar lo que no se mide correctamente. El Instituto requiere sistemas que permitan estimar con exactitud el gasto de estas nuevas obligaciones.
- Márgenes de operación prudentes: La planeación actuarial debe establecer límites claros para asegurar que la atención de obligaciones adicionales no afecte la suficiencia de los seguros que el IMSS ya administra.
- Definición de tiempos de compensación: Quizá el punto más crítico es la creación de calendarios de compensación y recuperación de recursos. Definir con antelación la "temporalidad" con la que se reconocerán los gastos es lo único que garantiza que la liquidez necesaria para el día a día del Instituto no se vea vulnerada.
La relevancia de esta exigencia técnica es ética y legal: los recursos del IMSS, provenientes mayoritariamente de cuotas obrero-patronales, deben destinarse primordialmente al cumplimiento de sus obligaciones con los asegurados y derechohabientes.
En conclusión, la participación del IMSS en el servicio universal de salud es posible y deseable, siempre y cuando se realice bajo criterios de transparencia financiera y trazabilidad operativa. Solo con mecanismos de conciliación oportuna se podrá contribuir a la protección social universal sin poner en riesgo el equilibrio financiero que sostiene la seguridad social de millones de mexicanos.
La salud pública no puede sostenerse únicamente con buenas intenciones. Requiere planeación, disciplina presupuestal y transparencia. Si el IMSS habrá de convertirse en uno de los ejes de la cobertura universal, primero debe blindarse financieramente. Porque cuando las cuentas no cuadran, quienes terminan pagando el costo no son los gobiernos, sino los millones de derechohabientes que dependen todos los días de una institución sólida, solvente y capaz de responder a sus necesidades.