Desde hace algunos años, el fenómeno del nearshoring generó un renovado interés por México como destino estratégico para la relocalización de cadenas de suministro. Nuestra posición geográfica, red de tratados comerciales y talento calificado conviertió al país en uno de los principales exportadores de tecnología médica en el mundo.
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¿Y después del nearshoring en los dispositivos médicos, qué?
La Secretaría de Economía precisó que, en 2023, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de la industria de dispositivos médicos alcanzó un monto de 300 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) del sector de 9.5%.
Tan solo en 2023, las exportaciones mexicanas de dispositivos médicos superaron los 13 mil millones, ubicando a México como el principal exportador de dispositivos médicos en América Latina.
Sin embargo, este liderazgo ha estado concentrado en la manufactura para exportación, con escasa integración en las políticas de salud pública.
En este contexto, el decreto presidencial que establece fomentar la inversión en territorio nacional para fortalecer el desarrollo de la industria farmacéutica y producción de insumos para la salud, así como el desarrollo de investigación científica y nacional; publicado el 2 de junio pasado, representa un cambio significativo:
Busca vincular la inversión productiva en territorio nacional con los procesos de adquisición pública en salud. No se trata solo de producir en México, sino de participar activamente en el fortalecimiento de las capacidades nacionales, con impacto en el acceso a tecnologías, empleo calificado y reducir la dependencia de insumos importados.
Esta medida establece un vínculo claro entre el gasto público en salud y la necesidad de robustecer las capacidades productivas del país, con una visión de largo plazo.
Un nuevo marco para darle impulso a este gran momento
Aunque los lineamientos técnicos aún no se publican, el decreto precisa que, en la compra consolidada que se realice en 2026 —para el abasto del ejercicio 2027— la Secretaría de Salud deberá promover la participación de personas físicas o morales que acrediten inversión en territorio nacional dentro de la cadena de producción de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos.
Esto incluye a quienes:
- Ya cuenten con plantas, laboratorios o almacenes en operación;
- Hayan iniciado su instalación formal en México; o
- Estén desarrollando investigación científica o productos innovadores en salud.
Estos elementos serán considerados como indicadores dentro del mecanismo de evaluación por puntos y porcentajes, que busca incentivar la producción local y generación de capacidades tecnológicas nacionales. Sin embargo, si bien este avance reconoce la importancia de fabricar en México, es fundamental ampliar el enfoque hacia una evaluación integral de la proveeduría en salud pública.
Un referente valioso se encuentra en diversas experiencias internacionales que han evolucionado hacia modelos de compras públicas en salud con criterios más amplios que trascienden el precio o la calidad técnica. Entre ellas destacan:
- Italia y España: Algunas regiones han incorporado cláusulas de responsabilidad social y de igualdad de género como parte de los criterios de evaluación. En el País Vasco, por ejemplo, al menos el 5?% de la puntuación en licitaciones contempla políticas de inclusión y equidad.
- Alemania (ciudad de Hannover): Las licitaciones médicas incluyen puntajes específicos —hasta 5 de 50 puntos posibles— para empresas con políticas formales de igualdad de género.
- Organización Mundial de la Salud (OMS): Ha promovido el uso de criterios ambientales en sus adquisiciones, incentivando la contratación de proveedores que adopten prácticas responsables y sostenibles.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – SHiPP Project: En más de 10 países, incluidos Brasil, Sudáfrica e India, se han aplicado sistemas de evaluación que consideran la ética corporativa, los derechos laborales, la transparencia financiera y el impacto social como criterios obligatorios.
Estas referencias internacionales demuestran que es viable transitar hacia una contratación pública más ética, responsable y alineada con una visión integral del derecho a la salud.
Regulación y desarrollo: un binomio posible
El decreto contempla acciones puntuales para agilizar trámites relacionados con dispositivos médicos, protocolos de investigación científica, exportaciones e importaciones de materia prima, bajo la conducción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
El hecho que el fortalecimiento del entorno regulatorio se incorpore como un componente central para impulsar la innovación tecnológica es un avance necesario. En este sentido, COFEPRIS tiene un rol estratégico no solo como autoridad sanitaria, sino también como agente clave para el desarrollo industrial del sector salud. Con visión técnica, procesos ágiles y una colaboración más estrecha con el sector productivo, el ecosistema regulatorio puede consolidarse como un activo competitivo para México.
Comité de Promoción de la Inversión: diálogo y visión compartida
Otro de los pilares del decreto es la conformación del Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica, con participación de las secretarías de Salud, Economía y Buen Gobierno. Este órgano, que incluye explícitamente a la industria de dispositivos médicos, permitirá establecer un canal formal de diálogo, análisis y evaluación de propuestas de inversión productiva en el país.
Se espera que este órgano funcione como un espacio que permita establecer un canal estructurado de diálogo entre gobierno e industria, así como para analizar propuestas de inversión que respondan a las realidades específicas de cada sector. Su diseño ofrece la posibilidad de reconocer la diversidad de modelos productivos, regulatorios y tecnológicos que distinguen a la industria farmacéutica y a la de dispositivos médicos, y de construir criterios de evaluación acordes con sus respectivas contribuciones al sistema de salud nacional.
La Asociación Nacional de Proveedores de la Salud (ANAPS), considera que este espacio institucional abre diversas ventanas de oportunidades de competitividad sostenible, que sin duda generará colaboración diálogo entre los sectores público-privado.
En este sentido, estamos ciertos que es urgente que el tratamiento regulatorio y de política pública diferencie con claridad a la industria de dispositivos médicos del sector farmacéutico. Ambos comparten objetivos vinculados a la salud pública, pero cuentan con cadenas de suministro, modelos de negocio, procesos regulatorios y dinámicas tecnológicas completamente distintas. Para que este comité y los mecanismos derivados del decreto tengan efectividad, es fundamental reconocer esa especificidad y diseñar criterios, convocatorias e incentivos que respondan a las características propias del ecosistema de dispositivos médicos.
Nearshoring con contenido: el siguiente paso
Este decreto se inscribe en una visión de política industrial donde la relocalización de inversiones —o nearshoring— ya no es solo una tendencia de mercado, sino una oportunidad-país. Pero, para que esta ventana se convierta en una puerta real, necesitamos sumar contenido nacional, innovación y formación de talento.
La industria de dispositivos médicos en México cuenta con experiencia exportadora, cadenas de suministro consolidadas y clústeres regionales competitivos. Lo que ahora se propone es canalizar esas capacidades hacia una agenda de salud pública que favorezca a las y los mexicanos, con dispositivos desarrollados, validados y producidos en nuestro país.
Construyamos juntos
La implementación de este decreto será gradual, pero su impacto puede ser profundo. Nos convoca a todos: empresas, gobierno, academia, asociaciones y sociedad civil. Nos llama a pasar del interés al compromiso.
Para que esta transformación sea posible, México necesita políticas públicas que favorezcan decididamente la transferencia tecnológica. Es decir, mecanismos claros que permitan que el conocimiento generado en universidades, centros de investigación y empresas se traduzca en productos, procesos y soluciones disponibles en el mercado.
Asimismo, es indispensable construir un marco regulatorio transparente y con reglas claras, que dé certeza a los actores de la industria, facilite la inversión y elimine barreras innecesarias para la innovación. Sin esta base normativa y política, el potencial industrial y científico del país seguirá sin aprovecharse plenamente.
La oportunidad está sobre la mesa. Y como toda transformación sistémica, no depende de una sola acción ni de un solo actor. Depende de nuestra capacidad colectiva para traducir visión en proyectos, ideas en políticas, y consensos en resultados concretos.
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