La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que 11 trámites sanitarios podrán realizarse sin el pago de derechos o aprovechamientos, una medida con la que busca reducir costos operativos para instituciones públicas y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud.
La autoridad precisó que el beneficio aplica para dependencias federales, estatales y municipales, organismos descentralizados, instituciones públicas de educación superior y profesionales del sector público, siempre que se cumplan los supuestos previstos en la legislación vigente.
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Entre los trámites que pueden acceder a la exención se encuentran licencias sanitarias para establecimientos públicos de insumos para la salud, servicios de atención quirúrgica y obstétrica, hemodiálisis, sangre y trasplantes; permisos de publicidad para campañas públicas de prevención; autorizaciones de protocolos de investigación y la expedición de permisos para utilizar recetarios especiales.
Gratuidad sin excepciones al cumplimiento regulatorio
Cofepris enfatizó que el beneficio económico no implica una flexibilización de los controles sanitarios. "La exención se refiere exclusivamente al pago. No elimina ni flexibiliza los requisitos técnicos, sanitarios o documentales. Cada solicitud debe presentarse completa y será evaluada con el mismo rigor y bajo los mismos estándares de protección a la salud", señaló.
La dependencia destacó que estas exenciones "son estratégicas para el sistema público de salud", ya que "facilitan la operación de hospitales, farmacias, laboratorios, almacenes, bancos de sangre y servicios especializados; fortalecen las campañas de prevención; y favorecen la investigación pública de medicamentos y dispositivos médicos".
Asimismo, indicó que la procedencia de la gratuidad se analizará en cada caso conforme al tipo de solicitante, el trámite y la legislación aplicable.
Cofepris reiteró que la medida forma parte de su compromiso de "proteger la salud de la población y agilizar la capacidad de respuesta de las instituciones públicas", al tiempo que refrendó su objetivo de mantener "una regulación sanitaria que proteja a la población, brinde certeza jurídica y fortalezca los servicios públicos de salud".