Las nuevas reglas de la Compra Consolidada de Medicamentos 2027-2028 mantienen en incertidumbre a fabricantes y distribuidores, quienes consideran que diversos aspectos de la convocatoria aún requieren mayor claridad para garantizar su participación y evitar afectaciones en el abasto de medicamentos para el sector público.
José Luis García Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana para la Distribución Institucional (ASMEDIS), dijo a Sumédico que, aunque la industria mantiene el interés por participar, las condiciones establecidas en las bases podrían terminar desalentando a muchas empresas.
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"Están en un estado de retrospectiva, análisis, confusión y, sobre todo, con muchas ganas de participar, muchas ganas de vender, con mucho entusiasmo de ser proveedores del sistema de salud, pero están en una disyuntiva de cómo poder salir menos afectados con estas reglas", dijo.
En el marco de la reunión "Análisis de la Licitación Pública", en la que participaron fabricantes y distribuidores para revisar la convocatoria publicada la semana pasada, las mayores inquietudes se concentraron en el régimen de sanciones, las posibles rescisiones de contrato, los nuevos requisitos de etiquetado, el esquema de citas para las entregas y la falta de claridad sobre la metodología de pago.
"Se puede desincentivar la participación"
Para García Rodríguez, las exigencias establecidas en la convocatoria podrían reducir el número de empresas interesadas en participar en la compra consolidada.
"Las condiciones están demasiado fuertes, estranguladas; el tema de las sanciones, el tema de las rescisiones de contrato, las exigencias con etiquetados y con las citas. Todas esas exigencias no están respaldadas con un robusto aparato de la administración pública que pueda solventar toda esa gran necesidad de entregas", dijo.
El presidente de ASMEDIS explicó que este escenario podría llevar a que fabricantes nacionales y empresas de países con tratados comerciales prefieran no concursar.
"Hay fabricantes que dicen, yo vendo más a gusto en el mercado privado, entonces no participo", comentó, por lo que, quienes podrían ocupar esos espacios serían proveedores de países sin tratados de libre comercio con México.
Es así que, "los nacionales y los socios comerciales son los primeros que se pueden desalentar. Quienes terminarán atendiendo lo que ellos no quieran serán fabricantes del bloque asiático y sudamericano".
Advierten retrasos en el abasto
García Rodríguez insistió en que el principal riesgo no es un desabasto de medicamentos, sino retrasos ocasionados por un modelo logístico más complejo.
"No tenemos un desabasto a nivel nacional, tenemos un mal abasto porque no hay unas bases de licitación armónicas para atraer más participantes", afirmó.
Explicó que la cadena de suministro se volvió más larga al incorporar más procesos administrativos para emitir órdenes de suministro y coordinar entregas.
"Siempre va a haber un atraso porque hicieron demasiado larga la cadena de suministro. Los insumos no llegan a tiempo para atender terapias o realizar operaciones", dijo.
Pagos y capacidad de Birmex preocupan a la industria
Otro de los temas que generó preocupación fue el papel que desempeñará Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) como responsable de la compra consolidada.
El dirigente afirmó que la incertidumbre también obedece a que no existe claridad sobre el mecanismo de pago a los proveedores y a que la empresa pública deberá asumir nuevas funciones mientras permanecen pendientes adeudos de procesos anteriores.
"No está clara la metodología de cómo se le va a pagar a los proveedores y, obviamente, eso espanta". Incluso, advirtió que la industria teme que se repitan problemas administrativos.
"Estamos dejando un hoyo abierto que se llama IMSS-Bienestar para abrir otro hoyo que se llama Birmex", alertó.
Pese a ello, sostuvo que la industria cuenta con capacidad para abastecer al sector salud y que el problema radica en el diseño del modelo de contratación.
"La industria sí tiene el producto, lo que no está listo es el modelo para que nosotros podamos participar". De cara al primer plazo del proceso, previsto para el 5 de agosto, García Rodríguez resumió el sentir del sector: "llegan espantados, preocupados y, sobre todo, con incertidumbre. Es lo peor que puede tener un proveedor del Estado: incertidumbre de cómo va a ser tratado".