La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso multas que suman 59.6 millones de pesos a un grupo de cuatro empresas y seis personas físicas tras acreditarse su participación en prácticas de colusión para manipular licitaciones públicas de material radiográfico.
Los actos de corrupción y manipulación de mercado ocurrieron en el periodo comprendido entre octubre de 2010 y diciembre de 2016, lapso que abarca la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Según la resolución de la CNA, los sancionados incurrieron en conductas indebidas al intercambiar información sensible y coordinar estrategias para la presentación de sus propuestas en concursos públicos del sector salud.
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El "modus operandi" de la colusión
La investigación reveló que las empresas y personas involucradas operaban para eliminar la competencia efectiva en un mercado crítico para la atención médica. Al coordinar sus posturas, lograban obtener contratos bajo condiciones que no representaban el mejor uso de los recursos públicos, generando distorsiones en el mercado de servicios de salud.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció la resolución, señalando que este caso sirve como un precedente relevante para fortalecer la detección y sanción de conductas anticompetitivas que afectan directamente al erario.
IMSS: Estrategia contra la corrupción y la concentración
Ante estos hallazgos, el IMSS destacó que la actual administración ha implementado una transformación profunda en sus procesos de adquisición. El Instituto señaló que estas sanciones confirman la problemática de concentración y vicios de contratación que enfrentaba la institución en administraciones previas.
Como parte de su nueva estrategia para combatir estas prácticas, el IMSS informó que ha fortalecido sus mecanismos en los siguientes ejes:
- Vigilancia y Transparencia: Implementación de nuevos esquemas de contratación con mayores controles para evitar intermediaciones indebidas.
- Competencia Efectiva: Apertura de procesos para reducir la concentración de contratos en unas pocas manos y evitar sobrecostos.
- Propósito Social: Garantizar que los recursos se destinen íntegramente a la atención de los derechohabientes, sin que existan fugas de capital por prácticas monopólicas.