El consumo de alcohol en México sigue representando un desafío relevante para la salud pública. Estimaciones correspondientes a 2022 indican que alrededor de 115 muertes diarias están asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, en un contexto donde el marco regulatorio y fiscal no ha sido actualizado de manera sustantiva en los últimos años.
Especialistas en salud pública, economía de la salud y atención clínica analizaron recientemente la situación actual del consumo de alcohol en el país, así como las implicaciones para el sistema de salud. Entre los puntos señalados se encuentra el incremento sostenido del consumo, particularmente en población joven.
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Aumenta consumo de alcohol en universitarios
Datos presentados por El Poder del Consumidor muestran que el consumo de alcohol entre estudiantes universitarios se mantiene en niveles elevados: 73% reportó haber ingerido bebidas alcohólicas en el último mes, 66% señaló episodios de ingesta intensa y 23% presentó conductas asociadas con abuso. La edad promedio de inicio se sitúa alrededor de los 14 años, lo que incrementa el riesgo de desarrollar problemas de salud a mediano y largo plazo.
Los especialistas indicaron que estos patrones de consumo se asocian con riesgos para la salud mental y física, entre ellos trastornos por uso de alcohol, afectaciones hepáticas y cardiovasculares, así como un mayor riesgo de lesiones; factores como el estrés académico, la presión social y la normalización del consumo en entornos universitarios fueron identificados como elementos que influyen en estas conductas.
En el análisis se recordó que las últimas reformas relevantes en la materia ocurrieron en 2014, con modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a bebidas alcohólicas, y en 2015, con cambios a la Ley General de Salud. Desde entonces, organizaciones y especialistas han señalado la necesidad de actualizar estas disposiciones para responder a la evolución del consumo.
Organismos internacionales han recomendado medidas orientadas a reducir los daños asociados al alcohol, entre ellas la regulación de la disponibilidad, el control de la publicidad y promoción, el fortalecimiento de las acciones contra la conducción bajo los efectos del alcohol, la ampliación de servicios de detección y tratamiento, y el uso de impuestos como herramienta de salud pública.
En materia fiscal, se expuso que una actualización del impuesto a las bebidas alcohólicas podría contribuir a reducir muertes por cirrosis y lesiones relacionadas con violencia familiar, además de generar mayores recursos para el sistema de salud.
Otro de los temas abordados fue el etiquetado de advertencia en bebidas alcohólicas. Investigadores señalaron que una parte importante de la población desconoce los riesgos asociados al consumo de alcohol, por lo que etiquetas claras y visibles permitirían una mejor información para la toma de decisiones.
Los especialistas coincidieron en que atender el consumo de alcohol requiere acciones coordinadas entre autoridades sanitarias, legislativas, instituciones educativas y el sistema de salud, con el objetivo de responder a una problemática que mantiene indicadores elevados, especialmente entre jóvenes universitarios.
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